La Comisión Nacional de Justicia y Paz, organismo que depende de la Conferencia Episcopal Argentina, hizo público este lunes 15 de enero un comunicado en relación con el decreto de necesidad y urgencia dictado por el Poder Ejecutivo y el proyecto de ley enviado al Congreso.
El comunicado expresa la preocupación de la Comisión ante varias de las medidas adoptadas o propuestas, subrayando que presentan “modificaciones sustanciales al conjunto del orden jurídico argentino, que en algunos casos contrarían la Constitución Nacional y Tratados Internacionales con jerarquía constitucional”.
En este sentido, la Comisión hace un llamamiento al diálogo que involucre a todos los actores sociales: “Entendemos que las políticas de Estado solo son posibles a través de la construcción de consensos sociales y políticos que forman parte del contrato histórico que la democracia asume como forma de gobierno del conjunto, con un sentido inclusivo, republicano y federal”.
Y concluye: “Es imprescindible la participación plena y oportuna de todos los poderes del Estado, conforme lo establece nuestra Constitución Nacional para asegurar un marco republicano, con la escucha a los actores de la sociedad civil, a las instituciones y sectores reconocidos o referentes en temas particulares que de alguna manera son afectados por las medidas propuestas, que pueden aportar para delinear alternativas superadoras, en particular aquellas que afectan a los más débiles, los más pobres, las infancias, los jubilados, las personas con discapacidad”.
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